La Policía Nacional de Perú (PNP) arrestó este viernes a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, a petición de la unidad anticorrupción de la fiscalía que lo investiga por tráfico de influencias, según el acta a la que tuvieron acceso distintos medios locales.

La orden de arresto también incluye al abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, que ha comparecido en varias ocasiones junto a la mandataria.

La PNP comenzó el operativo para los arrestos alrededor de las 6:30 de la mañana hora local en distintos puntos de Lima, una acción policial que todavía está en marcha.

Según distintos medios, esta operación ha sido denominada “Waykis en la sombra”, en referencia a la palabra quechua que designa la palabra amigo y que utilizó Boluarte para referirse al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Oscorima fue la persona que, según han confirmado ambas partes, prestó varios relojes de lujo de la marca Rolex a Boluarte, un caso por el que la fiscalía abrió una investigación a la presidenta y al gobernador por corrupción y cohecho.

El documento judicial por el que se puso en marcha el operativo de este viernes, al que tuvo acceso El Comercio, incluye el allanamiento a 22 personas.

Considera el registro, lectura, visualización y extracción de información de celulares, CPU, laptop, tabletas y otros equipos electrónicos, así como el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, según el diario limeño.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), de acuerdo con El Comercio, señala a Nicanor Boluarte de utilizar influencias ilícitas para la designación de subprefectos para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Los prefectos y subprefectos son representantes del Ejecutivo en las distintas regiones de Perú, se consideran cargos administrativos de confianza y son designados por el ministro del Interior y la presidenta.

El Ministerio del Interior decidió en la noche de este jueves la desarticulación de la unidad de la Policía Nacional que está encargada de apoyar al Eficcop, un grupo fiscal que investiga de forma exclusiva casos de altos funcionarios.

Mediante una resolución ministerial difundida, el gobierno de Boluarte dejó sin efecto la resolución ministerial previa que creaba este grupo especializado al alegar “duplicidad de funciones” con otras divisiones.

Con información de EFE

La Asociación de Maquiladoras y Exportadoras (Index) de Ciudad Juárez ha destacado el liderazgo de la Gobernadora del Estado, cuya intervención fue fundamental para abordar y resolver los desafíos surgidos por las inspecciones a los camiones de carga realizadas en los cruces fronterizos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El papel activo de la titular del Ejecutivo en esta situación de emergencia ha sido de suma importancia para su pronta resolución, según lo señalado por el organismo.

Además, Index Juárez expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por su colaboración y coordinación con diversos organismos, entre ellos la ANAM, el CBP, organismos empresariales, así como las autoridades de Texas, Nuevo México y el Ayuntamiento de Juárez.

En un comunicado oficial, la Asociación informó que se ha logrado superar al cien por ciento los desafíos planteados por las inspecciones, lo que ha tenido un impacto efectivo en la reducción de las afectaciones a las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, se reconoció especialmente a aquellos que brindaron apoyo directo para mitigar el impacto de esta contingencia en la operación.

Una masiva huelga general contra el ajuste del presidente Javier Milei paralizó este jueves a Argentina, que se quedó sin transporte público, bancos y supermercados, entre otros servicios.

En medio de una crisis económica, el recorte de gastos dispuesto por el ultraderechista Milei al asumir en diciembre ha eliminado momentáneamente el déficit fiscal y parece estar reduciendo una inflación superior al 250% anual, pero también está aumentando la pobreza y el desempleo al derrumbar el consumo.

La protesta lanzada por las principales centrales de trabajadores del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA), se produce cuando el Senado discute una norma del oficialismo que flexibiliza las condiciones laborales y otorga al gobierno amplios poderes para privatizar empresas públicas.

“Estamos protestando contra un modelo económico de exclusión, en el que cada día la gran mayoría de la población está un poquito peor. No hay casi sector de la economía que no se haya visto empobrecido desde el 10 de diciembre”, señaló a la televisión local Enrique Rositto, secretario de Comunicación de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó en una rueda de prensa el vínculo entre el paro y el debate legislativo de la ley impulsada por el gobierno. Sin embargo, los sindicalistas insisten en que esta perjudica a los trabajadores.

“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a provincias (…) son solo algunos indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, dijeron los gremios en un comunicado.

Debido al paro de 24 horas, los vuelos se encontraban suspendidos, los puertos paralizados y las escuelas y universidades con funciones mínimas. Los mercados tienen una actividad reducida este jueves, ya que los bancos permanecerán cerrados porque sus empleados se unirán al paro.

“Un día sin trabajar nos complica mucho”, dijo Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a la televisión local, un día después de que el ente de estadísticas informó que el Índice de Producción Industrial manufacturero del país cayó 21.2% interanual en marzo.

Esta es la segunda huelga general desde que asumió Milei, una medida cuyo acatamiento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo era imposible de medir porque muchos argentinos no pudieron ir a trabajar por falta de transporte.

“Los trabajadores van a perder dinero por los burócratas de siempre (…) Que se dejen de joder y vayan a laburar (trabajar)”, dijo Bullrich a periodistas. En tanto, el portavoz Adorni calificó el paro como “político e inentendible”.

La actividad en la capital Buenos Aires es reducida, con algunos pequeños comercios abiertos, pocos autobuses circulando y una minoría de trabajadores que lograron llegar a sus empleos.

“Perjudican a todos los que quieren laburar, hay mucha gente que quiere laburar y evidentemente no va a poder ir y le descuentan el día”, dijo Walter Fernández, de 44 años.

Por su parte, Marcos Rivadero, un diseñador de 47 años, fue más crítico y calificó a los sindicatos como “extorsionadores“.

“Usan a la gente, usan a los que dicen representar”, afirmó. “Una ciudad fantasma, no puede funcionar una ciudad así. Un país no puede funcionar así con gente que vive del Estado“, concluyó.

Con información de Reuters