Reforma al Poder Judicial en México genera preocupación en la Cámara de Representantes de EE. UU.

La reforma al Poder Judicial impulsada en México ha generado inquietud en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sumándose a los pronunciamientos previos del embajador Ken Salazar y el subsecretario de Estado, Brian A. Nichols. El republicano Michael McCaul expresó su profunda preocupación por las iniciativas de reforma presentadas en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión de este jueves, McCaul advirtió que estas reformas podrían revertir años de progreso económico y debilitar la democracia en México. “Insto al gobierno mexicano a reconsiderar estas acciones”, señaló, subrayando que la implementación de algunas de estas reformas podría influir negativamente en la revisión del T-MEC en 2026.

Expertos y juristas en México han alertado sobre los riesgos económicos que podría acarrear la reforma al Poder Judicial, incluyendo la posible disminución de inversiones, el aumento en la presión sobre las finanzas públicas y la amenaza al T-MEC.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, advirtió que la propuesta podría hacer que México sea considerado una “economía de no mercado” debido a la creciente injerencia del Estado en aspectos regulatorios y de control empresarial. Este cambio, según Moreno, pondría en riesgo la relación de México con sus socios comerciales bajo el T-MEC, que impide acuerdos con economías de este tipo.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que la reforma podría violar tres capítulos del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales y el 27 sobre políticas anticorrupción. Campos explicó que estos capítulos requieren de tribunales independientes e imparciales, algo que, según ella, no estaría garantizado si se implementa la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Campos también advirtió que este mecanismo electoral podría facilitar la injerencia de grupos delictivos, quienes podrían presionar o financiar campañas para influir en los resultados. Citó el caso de Estados Unidos, donde la elección de 41 jueces estatales en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se proyecta elegir a cerca de 7,000 juzgadores bajo este nuevo sistema.