Trump consolida un “hiperpresidencialismo” en su regreso a la Casa Blanca: un año de poder sin frenos

En el primer año de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha reconfigurado drásticamente el equilibrio de poderes en Estados Unidos, expandiendo los márgenes de la autoridad ejecutiva mediante un uso agresivo de decretos, poderes de emergencia y el control férreo de un Partido Republicano mayoritario en el Congreso, que ha actuado más como baluarte que como contrapeso.

Analistas políticos y opositores alertan sobre una concentración de poder sin precedentes recientes, donde la Casa Blanca ha invadido espacios tradicionalmente reservados al Legislativo, los estados e incluso la judicatura. “En 2025, el presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes tradicionalmente reservados al Congreso, los tribunales y los estados”, escribió el analista Ian Bremmer en Time, en una columna que retrata un gobierno cada vez más personalista y menos sujeto a controles institucionales.

Gobierno por decreto: más de 200 órdenes ejecutivas

La estrategia de Trump se ha sustentado en una cascada de órdenes ejecutivas –más de 200 en doce meses– que han reescrito políticas públicas sin pasar por el filtro legislativo. El mismo día de su investidura, una serie de decretos suspendió programas de refugiados, endureció vetos migratorios y amplió facultades de detención de agentes fronterizos, centralizando en el Ejecutivo decisiones que antes seguían procesos consultivos.

Otras órdenes presidenciales han buscado reducir el tamaño del gobierno federal a mínimos históricos, desmantelando agencias como la USAID y recortando asistencia exterior, todo ello sin la autorización expresa del Congreso.

El recurso sistemático a los “poderes de emergencia”

Para sortear obstáculos legales, la administración ha declarado “emergencias nacionales” en áreas como la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, invocando leyes como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Bajo este paraguas, se impusieron aranceles a importaciones de Canadá y México –luego ajustados– y se lanzó una ofensiva comercial contra socios globales mediante gravámenes punitivos.

Estas medidas, impuestas sin autorización legislativa específica, han sido impugnadas en tribunales federales y ahora aguardan un fallo definitivo de la Corte Suprema, en una batalla judicial que podría definir los límites del poder presidencial en materia económica.

Poder de guerra sin supervisión: el caso de Venezuela y los bombardeos “Lanza del Sur”

El área donde la expansión ejecutiva ha generado mayor controversia es en el uso de la fuerza militar sin consultar al Congreso. Trump ha roto abiertamente con la costumbre de notificar a los líderes legislativos antes de acciones bélicas significativas.

La llamada operación “Lanza del Sur” –una campaña de bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental– se ha llevado a cabo sin la debida supervisión. Un primer ataque, donde según informes internos se remató a supervivientes, desató investigaciones en comités del Congreso que, sin embargo, no lograron detener la campaña.

El episodio más audaz fue el ataque sorpresa en Caracas que resultó en la captura y traslado a Nueva York del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser enjuiciados. La operación se ejecutó sin notificación previa al Capitolio, algo que Trump justificó alegando la “tendencia [del Congreso] a filtrar información importante”.

Anteriormente, el mandatario ya había ordenado bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes sin consultar a los comités de seguridad nacional, acumulando denuncias por “sobrepasar” las facultades de guerra que la Constitución reserva en parte al Legislativo.

Un Congreso complaciente, con esporádicos chispazos de disidencia

La mayoría republicana en ambas cámaras ha funcionado como un dique de contención frente a cualquier esfuerzo serio de supervisión. Ha frenado iniciativas para limitar legalmente el uso de emergencias y decretos, y ha rechazado citaciones a altos funcionarios.

No obstante, ha habido episodios puntuales de rebeldía: legisladores conservadores han votado en contra de partidas presupuestarias clave, y han surgido quejas bipartidistas –aunque aisladas– por la opacidad en operaciones militares. Hasta ahora, sin embargo, estas tensiones no han cristalizado en una coalición estable capaz de imponer límites a la Casa Blanca.

La carrera hacia un presidencialismo sin contrapesos

Con un Gabinete de lealtad inquebrantable, un partido aliado que prioriza la agenda presidencial sobre los controles institucionales, y una estrategia jurídica que prueba constantemente los límites de la ley, Trump ha logrado en un año lo que sus predecesores intentaron gradualmente: convertir la presidencia en un centro de poder casi unimpedido.