Chihuahua alza la voz: por crisis de desplazamiento en la Sierra Tarahumara exigen mayor participación federal

El desplazamiento forzado interno, una de las heridas más profundas que deja la guerra entre grupos del crimen organizado, sigue ensanchándose en la Sierra Tarahumara. Y ante su imparable avance, el Gobierno del Estado de Chihuahua decidió pasar de la contención a la exigencia: pidió formalmente a la Federación que intensifique su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, uno de los epicentros de la violencia que ha despojado a decenas de familias de su tierra, su cultura y su proyecto de vida.

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, quien también forma parte de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, fue el encargado de detallar la postura estatal durante una conferencia de prensa. Con crudeza, describió la raíz del mal: el conflicto territorial entre células criminales que disputan el control de la región, una pugna que ha convertido a las comunidades indígenas en víctimas colaterales de una guerra que no eligieron.

“El combate al crimen organizado es responsabilidad constitucional de la Federación”, recordó Rascón, pero aclaró que el Estado no ha cruzado los brazos: ha desplegado recursos presupuestales, operativos y humanitarios para contener la emergencia. Sin embargo, enfatizó, la magnitud del problema es de tal calibre que el esfuerzo estatal, por más decidido que sea, resulta insuficiente sin un acompañamiento federal robusto y sostenido.

Cinco propuestas para una estrategia compartida

La solicitud no se quedó en el diagnóstico. El Gobierno estatal presentó un decálogo de medidas concretas que buscan transformar la coordinación entre los tres niveles de gobierno en una respuesta articulada y efectiva. Entre ellas, destaca la petición de que el desplazamiento forzado interno sea incorporado como un tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz que encabeza la Federación, así como en la agenda del Gabinete del Bienestar, para que la atención en alimentación, salud, vivienda y educación no sea una ocurrencia tardía sino una política de Estado.

Pero hay más: el Estado exige un fortalecimiento permanente de la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, que no se limite a operativos reactivos sino que ataque las causas estructurales del conflicto, desarticule las estructuras criminales y logre la detención de los objetivos prioritarios. También pide el restablecimiento de los servicios federales en las comunidades afectadas —especialmente en salud, energía eléctrica y abasto— y la implementación de inspecciones forestales efectivas para frenar la tala ilegal que financia a los grupos delictivos.

Finalmente, se reclama la asignación de recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Un reconocimiento, en los hechos, de que la crisis no es solo de Chihuahua, sino del país entero.

Atención que no solo socorre, sino que restituye

Pero mientras la Federación define su respuesta, el Estado sigue en la trinchera. La subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, detallaron las acciones que ya están en marcha: desde la habilitación de albergues temporales y la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad, hasta el acompañamiento psicológico y jurídico, la restitución de documentos personales y la vinculación a programas de integración social y laboral.

El enfoque, subrayaron, no es meramente asistencial: se busca restituir derechos y ofrecer a las familias desplazadas las condiciones para reconstruir su proyecto de vida. También se trabaja en un objetivo de largo aliento: que cuando las condiciones de seguridad lo permitan, el retorno a sus comunidades sea posible, seguro y digno.

Un llamado que no admite demora

El mensaje del Gobierno estatal es claro: la crisis de la Sierra Tarahumara no es un asunto local, es una emergencia nacional. Y aunque Chihuahua ha asumido su parte, no puede ni debe cargar sola con el peso de una violencia que trasciende sus fronteras. “Refrendamos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada con la Federación y los municipios”, concluyó Rascón, “pero necesitamos que el gobierno federal esté a la altura de lo que esta crisis exige”.