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Aseguran histórico cargamento de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila

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En una de las mayores incautaciones de combustible ilegal registradas en el actual gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró 15 millones de litros de hidrocarburos robados, equivalentes al consumo de 530,000 automóvilesdurante un día completo. El operativo, realizado en coordinación con fuerzas federales, se llevó a cabo en puntos estratégicos de Ramos Arizpe y Saltillo, principales corredores del huachicoleo en el norte del país.

Detalles del megaoperativo

El secretario Omar García Harfuch reveló mediante un video institucional que el combustible ilícito —incluyendo gasolina, diésel y destilados de petróleo— era transportado en 129 pipas que carecían de documentación legal. “Estas unidades violaban toda normatividad: no tenían permisos, sellos de seguridad ni comprobantes de origen lícito”, explicó el funcionario, quien destacó que el volumen decomisado podría llenar 5,700 veces un tanque de gasolina promedio.

Pese a la magnitud del hallazgo, la SSPC admitió que no se logró capturar a ningún líder de la red criminal. En su comunicado oficial, la dependencia se limitó a señalar que se inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de delitos contra la hidrocarburos, sin proporcionar nombres de implicados o el presunto cártel involucrado.

La sombra de la impunidad

El decomiso ocurre en un contexto revelador:

  • Solo 72 horas antes, el reconocido periodista Héctor de Mauleón recibió una sanción judicial por denunciar la colusión entre autoridades y redes de huachicoleo.
  • Expertos en seguridad energética consultados por este medio señalan que operaciones de esta envergadura requieren complicidad logística de actores internos en Pemex.
  • Datos oficiales muestran que Coahuila concentra el 18% de los robos de combustible a nivel nacional, con pérdidas estimadas en $3,800 millones anuales.

¿Dónde quedó el combustible?

La SSPC detalló que el hidrocarburo asegurado fue trasladado a plantas de Pemex para su análisis y posible reintegración al sistema legal. Sin embargo, organizaciones civiles como México Evalúa han documentado que, en administraciones anteriores, hasta el 40% del combustible decomisado volvía a circuitos ilícitos por fallas en la cadena de custodia.

Mientras García Harfuch calificó el operativo como “un golpe contundente al crimen organizado”, legisladores de oposición exigieron en el Senado una auditoría independiente para verificar el destino final del combustible y determinar posibles vínculos corporativos. La falta de detenidos sigue siendo la gran incógnita en un caso que pone sobre la mesa la capacidad real del gobierno para desmantelar redes complejas de robo de hidrocarburos.

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