Casi el 40% de los contratos cancelados por el gobierno de Trump no generarán ahorros, según datos oficiales

Casi el 40% de los contratos federales que la administración del expresidente Donald Trump canceló como parte de su programa emblemático de reducción de costos no generarán ahorros para el gobierno, según revelan los propios datos del ejecutivo. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el empresario Elon Musk, publicó la semana pasada una lista inicial de 1,125 contratos cancelados en las últimas semanas en todo el gobierno federal.

Sin embargo, los datos publicados en el “Muro de Recibos” de DOGE muestran que 417 de estos contratos, más de un tercio del total, no se espera que produzcan ahorros. Esto se debe a que el valor total de estos contratos ya había sido comprometido en su totalidad, lo que significa que el gobierno tiene una obligación legal de gastar los fondos para los bienes o servicios adquiridos, muchos de los cuales ya se habían utilizado.

“Es como confiscar munición usada después de que ha sido disparada. No logra ningún objetivo político”, comentó Charles Tiefer, profesor de derecho retirado de la Universidad de Baltimore y experto en contratación gubernamental. “El hecho de que estén terminando tantos contratos sin sentido obviamente no logra nada en términos de ahorro de dinero”, agregó.

Contratos cancelados sin impacto financiero

Entre los contratos cancelados se encuentran suscripciones ya pagadas a medios de comunicación como The Associated Press y Politico, estudios de investigación que ya se habían adjudicado, capacitaciones que ya se realizaron, software que ya se compró y pasantías que concluyeron. Un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, defendió la medida argumentando que tiene sentido cancelar contratos considerados un “peso muerto”, incluso si no generan ahorros.

En total, los 417 contratos en cuestión tenían un valor de 478 millones de dólares. Además, se espera que decenas de otros contratos cancelados produzcan poco o ningún ahorro. “Es demasiado tarde para que el gobierno cambie de opinión sobre muchos de estos contratos y evite su obligación de pago”, señaló Tiefer, quien formó parte de la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra en Irak y Afganistán.

Críticas al enfoque de DOGE

Tiefer criticó el enfoque de DOGE, calificándolo como una estrategia de “cortar y quemar” que podría afectar el rendimiento de las agencias gubernamentales. En su opinión, los ahorros podrían lograrse de manera más efectiva trabajando con los responsables de contratación de las agencias y los inspectores generales para identificar áreas de eficiencia, una estrategia que, según él, el gobierno no ha empleado.

DOGE, por su parte, afirma que las cancelaciones de contratos han generado ahorros de más de 7 mil millones de dólares hasta ahora. Sin embargo, expertos independientes han cuestionado esta cifra, considerándola inflada. Los contratos cancelados abarcaban una amplia gama de bienes y servicios, desde muebles de oficina hasta servicios de consultoría.

Ejemplos de contratos cancelados

Uno de los contratos cancelados fue adjudicado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en septiembre para la compra e instalación de muebles de oficina en varias sucursales. Aunque el contrato no expiraba hasta finales de este año, los registros federales muestran que la agencia ya había comprometido el máximo de 567,809 dólares con una empresa de muebles.

Otro contrato, negociado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, estaba destinado a la limpieza de moquetas en su sede en Washington por un valor de 145,549 dólares. La cantidad total ya había sido comprometida a una empresa propiedad de una tribu indígena estadounidense con sede en Michigan.

Además, un contrato de 249,600 dólares, ya gastado en su totalidad, fue asignado a una empresa de Washington D.C. para ayudar al Departamento de Transporte a prepararse para la transición del gobierno de Biden al de Trump.

Contratos que buscaban modernizar el gobierno

Algunos de los contratos cancelados tenían como objetivo modernizar y mejorar la eficiencia del gobierno, lo que parece contradecir la misión de reducción de costos de DOGE. Uno de los más grandes, por ejemplo, fue adjudicado a la firma de consultoría Deloitte Consulting LLP por un máximo de 13.6 millones de dólares para ayudar en la reorganización del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que lideró la respuesta a la pandemia de COVID-19. Este contrato incluía el cierre de varias oficinas de investigación.