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El asedio del crimen: Siete cárteles siembran el terror entre los citricultores de Michoacán

Al menos siete organizaciones criminales operan con impunidad en la zona limonera de Michoacán, ejerciendo un control violento sobre la producción y comercialización del cítrico. De acuerdo con documentos oficiales del gabinete de seguridad federal e informes filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, estos grupos – algunos remanentes de cárteles extintos y otros fruto de nuevas alianzas – han convertido la Tierra Caliente en un campo de batalla por el control de las extorsiones.
La lista de grupos identificados incluye a: Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Tepalcatepec, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Zicuirán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de la Virgen. Su presencia persistente evidencia el fracaso de las estrategias de seguridad, que incluyen despliegues militares, operativos conjuntos e incluso el surgimiento de grupos de autodefensa en 2013.
La sangrienta factura de la extorsión
El costo humano de este acoso es devastador. Al menos cuatro líderes y productores de limón han sido asesinados en los últimos meses por negarse a pagar el “derecho de piso”.
El crimen más reciente conmocionó al sector: Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores, fue ejecutado por un sicario el pasado 20 de octubre.
Antes que él, otros productores cayeron:
- El 14 de enero de 2025, Ramón Paz Salinas, maestro y productor, murió al explotar una mina artesanal colocada en su camioneta en Apatzingán.
- El 30 de noviembre de 2024, Rogelio Escobedo fue asesinado a tiros en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, tras haber denunciado amenazas.
- El 12 de septiembre de 2024, José Luis Aguinaga, entonces presidente de una asociación local, fue acribillado en La Ruana, Buenavista, por negarse a pagar la extorsión.
Impacto económico y la promesa incumplida
Frente a la violencia, los productores se ven forzados a tomar decisiones drásticas: suspender la producción o aumentar el precio final del limón para absorber el costo del “impuesto” criminal. Esta presión inflacionaria directa impacta en los bolsillos de los consumidores de todo el país.
Tras el asesinato de Aguinaga en septiembre de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional estaban en la zona para “dar protección a los productores” y calificó el posible aumento en el precio del cítrico como “transitorio”. Sin embargo, trece meses después, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha recrudecido, dejando a los citricultores michoacanos en una situación de vulnerabilidad extrema y desprotegidos frente a la feroz disputa territorial que amenaza la economía regional y la seguridad alimentaria del país.