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Fiscalía de Veracruz contradice versión oficial: Maestra torturada hasta la muerte por grupo criminal
Un crudo informe forense ha desmentido las declaraciones de la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, revelando que la maestra y taxista Irma Hernández no murió de un infarto como aseguró la funcionaria, sino a consecuencia de brutales torturas durante su secuestro a manos de una célula criminal dedicada a la extorsión.
El reporte de la Fiscalía General del Estado detalla cómo la mujer de 60 años fue sometida a violencia sistemática durante su cautiverio, estableciendo que las graves lesiones físicas y psicológicas infligidas por sus captores causaron directamente su muerte. Estos hallazgos científicos contradicen frontalmente las afirmaciones de Nahle, quien días atrás insistió en que el deceso se debió a causas naturales, llegando a desafiar: “Les guste o no, esa es la realidad”.
La investigación judicial reconstruyó los últimos días de Hernández, quien fue obligada bajo coacción a grabar un aterrador mensaje dirigido a sus compañeros taxistas. En el video, visiblemente maltratada, la víctima advierte con voz quebrada: “Paguen su cuota como debe ser con ellos… o van a terminar como yo”. Peritos confirmaron que la grabación fue realizada bajo tortura como parte de una estrategia de terror para garantizar el pago de “derecho de piso”.
Las autoridades mantienen en prisión preventiva a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal identificados como Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, quienes enfrentan cargos por secuestro agravado, homicidio calificado y delincuencia organizada. Las penas por estos delitos podrían superar los 70 años de cárcel.
El caso ha generado indignación entre organizaciones civiles, que señalan cómo este crimen refleja la alarmante normalización de la violencia contra trabajadores en Veracruz. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en la entidad se cometen en promedio tres secuestros exprés cada día, mientras que la Red por los Derechos de las Víctimas estima que el 78% de los delitos en el estado quedan en la impunidad.
La discrepancia entre los hechos forenses y las declaraciones oficiales ha reabierto el debate sobre la transparencia en el manejo de casos de seguridad pública.
