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Juez bloquea orden para quitar ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes

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Un juez federal en Seattle ha emitido un bloqueo temporal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía automática a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. La decisión, tomada por el juez John Coughenour, representa un revés inicial para las estrictas políticas migratorias de la nueva administración.

Coughenour calificó la medida como “descaradamente inconstitucional” y cuestionó la calidad de los argumentos legales presentados por el equipo de Trump. La orden presidencial, firmada el primer día de su mandato, negaría la ciudadanía automática a los hijos de personas que ingresaron al país de forma irregular o que tienen un estatus migratorio temporal.

La decisión del juez impide que la administración implemente la medida durante 14 días y será aplicada en todo el territorio nacional. El caso fue presentado por un grupo de fiscales estatales encabezados por el fiscal general de Washington, Nick Brown, quienes argumentaron que la acción viola la 14ª Enmienda de la Constitución y la legislación migratoria vigente.

Impacto de la medida y fundamentos legales

La orden de Trump, que estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero, afectaría a padres no ciudadanos, incluidos aquellos con visas de trabajo, estudiantes o turistas, además de quienes ingresaron al país sin autorización.

La 14ª Enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Los tribunales han interpretado esta cláusula como aplicable incluso a hijos de personas indocumentadas. Sin embargo, algunos conservadores argumentan que este lenguaje excluye a quienes no tienen “lealtad formal” al país.

Los demandantes estiman que al menos 150 mil bebés nacidos cada año en Estados Unidos quedarían en una situación de incertidumbre si la medida entra en vigor. “Crearía una subclase de niños nacidos en suelo estadounidense, pero sin derechos de ciudadanía”, señalaron abogados de la coalición liderada por Washington.

Argumentos de la administración y de los estados

El Departamento de Justicia defendió la medida argumentando que la implementación se había retrasado 30 días para permitir ajustes, y que los estados no tenían legitimidad para demandar en nombre de sus ciudadanos. También sostuvieron que los estados podrían decidir libremente si ofrecían servicios a los niños no ciudadanos.

Por su parte, los estados argumentaron que la medida aumentaría sus costos al tener que brindar atención médica y servicios sociales a una nueva población vulnerable, ya que los niños afectados perderían acceso a programas federales.

Próximos pasos legales

El bloqueo temporal permanecerá vigente mientras el juez Coughenour evalúa si emite una orden judicial más prolongada. Otros casos relacionados con esta orden ejecutiva serán escuchados en tribunales de Maryland y New Hampshire en las próximas semanas, lo que podría ampliar el alcance de las decisiones judiciales sobre esta polémica medida.

La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre el fallo.

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