Internacional
Justicia colombiana condena a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos
La justicia colombiana declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) culpable de soborno y manipulación de testigos, imponiéndole una condena de 12 años de prisión domiciliaria. La decisión, ordena el cumplimiento inmediato de la pena, pese a que el proceso de apelación está pendiente.
Un fallo más severo de lo esperado
El tribunal determinó que Uribe, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde 2020, intentó alterar el curso de las investigaciones en su contra mediante el pago a testigos. La sentencia superó las proyecciones iniciales de 9 años, fijándose en el máximo del rango penal (6 a 12 años) por “gravedad de los hechos”.
Fuentes judiciales explicaron a este medio que la ejecución inmediata busca “garantizar la convivencia pacífica”, en alusión al riesgo de reacciones violentas entre seguidores y detractores del líder del Centro Democrático.
El caso que llevó a la condena
El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda (Polo Democrático) por supuestamente fabricar testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares. Sin embargo, las pesquisas dieron un giro en 2018: la Fiscalía descubrió que el expresidente habría orquestado una red para sobornar testigos y desacreditar a Cepeda.
Entre las pruebas clave figuraron:
- Interceptaciones telefónicas que revelan coordinación con abogados.
- Transferencias bancarias a testigos clave.
- Declaraciones de colaboradores que admitieron presiones.
“Se demostró un patrón sistemático de obstrucción a la justicia”, señaló el tribunal en su resumen.
Reacciones y próximos pasos
- Defensa: Los abogados de Uribe anunciaron apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá en los próximos 5 días, alegando “vicios procesales”.
- Política: El presidente Gustavo Petro calificó el fallo como “un triunfo de la democracia”, mientras uribistas hablan de “persecución política”.
- Internacional: Observadores de la OEA destacaron el mensaje anticorrupción, aunque pidieron garantías para el debido proceso.
A sus 72 años, Uribe —figura polarizante y aún influyente— enfrenta la pena en su hacienda de Antioquia por condiciones de edad y salud. El caso marca un hito en América Latina, donde rara vez se judicializa a expresidentes.
