El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, retiró este jueves su proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 130/2019 con el que proponía invalidar la prisión preventiva oficiosa, con el fin de presentar otra propuesta que incluya las posiciones de todos los ministros y se logre el consenso de eliminar esta medida cautelar.

“En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello, tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas”, dijo el ministro ante el pleno de la SCJN.

Aguilar Morales destacó que la mayoría de los ministros se posicionó a favor de que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, pero no compartieron su metodología, porque consideraron que el proyecto proponía invalidar un artículo de la Constitución.

Sin embargo, el ministro rechazó haber propuesto inaplicar el artículo 19 o insinuado quitarle hojas a la Carta Magna. “El centro de la propuesta fue reconocer que la propia Constitución estableció un mecanismo para proteger los derechos humanos”, expuso.

Agregó que la Corte no tiene facultades para analizar la validez o vigencia de una norma constitucional, aunque, puede hacer un ejercicio interpretativo.

Dijo que corresponde a la SCJN armonizar el sistema jurídico mexicano y optar por la mayor protección de los derechos humanos. No armonizar el artículo 19 sería inaplicar el primer constitucional, consideró, antes de retirar su proyecto.

Tras la decisión del ministro Aguilar, continuó la ministra Norma Piña y explicó su propuesta de sentencia para el amparo en revisión 355/2021.

En su proyecto, la ministra también concluyó que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos de presunción de inocencia y de libertad personal. Consideró que esta es una pena anticipada en la que no se exige a los tribunales que la aplican que se haga un análisis de idoneidad para imponerla.

La ministra explicó que su proyecto proponía otorgar el amparo a los quejosos y declarar la invalidez del tercer párrafo del artículo 1678 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), pues replica el contenido del artículo 19 constitucional.

Por ese motivo, los ministros ponentes de los proyectos de la acción de inconstitucionalidad y el amparo en revisión decidieron retirar sus propuestas para rehacerlas con las posturas escuchadas en las pasadas sesiones.

En las sesiones del lunes y martes, los ministros consideraron que inaplicar un precepto constitucional sería modificar a la propia Constitución y dicha facultad de reformarla recae en el Congreso y no en la SCJN. 

Previamente, el ministro presidente Arturo Zaldívar respaldó el proyecto y dijo que no se trata de inaplicar el artículo 19 constitucional sino de interpretar armónicamente la Constitución. 

“Y en esa interpretación armónica, si la restricción del artículo 19 tiene que ceder porque llega a ser violatorio al derecho de la libertad personal y de presunción de inocencia, entonces privilegiamos está interpretación”, señaló. 

Por su parte, la ministra Yasmin Esquivel dijo que aunque la prisión preventiva no es deseable para el Estado mexicano, suprimirla significaría una decisión que generaría mayores costos sociales, porque “implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas del crimen organizado”.

Actualmente existe una población total de aproximadamente 226 mil 900 personas en prisión, de las cuales al menos 92 mil 590 personas están en prisión preventiva.

“Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas que están privadas de su libertad no cuentan con una condena(…) una cifra alarmante”, señaló el ministro Luis Maria Aguilar cuando presentó su proyecto el lunes.

Con información de Latinus