Reforma a la Guardia Nacional pasa al Senado

Las comisiones del Senado mexicano aprobaron este lunes dos importantes dictámenes propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: uno para ceder el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército y otro para reconocer los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

La reforma que permitirá que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la GN, una fuerza de seguridad creada en 2019 con más de 120 mil agentes, recibió 25 votos a favor y 10 en contra en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Aunque originalmente fue concebida como una fuerza civil, la Guardia Nacional quedará ahora bajo control militar.

El dictamen será enviado al pleno del Senado para su discusión y posible aprobación en la sesión de este martes. La oposición y diversas organizaciones han advertido que esta medida contribuye a la militarización del país, un tema que generó intenso debate entre legisladores, quienes intercambiaron cifras sobre homicidios y desapariciones.

La reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, que desde 1857 limitaba las funciones militares en tiempos de paz. También cambia el artículo 21, eliminando la disposición que garantizaba el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Además, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, y que el personal de la Guardia tendrá formación militar con un enfoque policial, bajo la administración de Sedena.

Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, justificó la reforma afirmando que responde a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad, y a la necesidad de crear una fuerza con alcance nacional, mejor equipada y coordinada. Por su parte, el presidente López Obrador ha negado que esta medida implique una militarización del país o un riesgo de represión.

En paralelo, las Comisiones Unidas del Senado también aprobaron, por unanimidad, un dictamen histórico que reconoce los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas. Esta reforma eleva a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en un país donde más de 23 millones de personas se identifican como indígenas.

El dictamen reconoce la composición multiétnica y pluricultural de la nación, y garantiza a estas comunidades el derecho a ser consultadas de manera libre, previa, informada y culturalmente adecuada sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda impactar su vida o entorno. También establece que la jurisdicción indígena será ejercida por sus propias autoridades, respetando sus sistemas normativos dentro del marco jurídico nacional.

Asimismo, la reforma otorga a las personas indígenas el derecho a ser asistidas por intérpretes, traductores y defensores especializados en derechos indígenas y pluralismo jurídico, asegurando una mayor protección y reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística.

Ambas reformas forman parte de un paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero de 2024, que incluyen también la reforma al Poder Judicial que ya entró en vigor la semana pasada.