Trump busca eliminar la ciudadanía por nacimiento: ¿qué impacto tendría en la población migrante?

Una medida impulsada por el expresidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos podría afectar a unos 255 mil bebés al año, según un informe del Migration Policy Institute (MPI). La propuesta, que este jueves será debatida ante la Corte Suprema, enfrenta escepticismo entre expertos, pero ha generado preocupación por sus posibles consecuencias a largo plazo.

De implementarse, la población migrante en el país —actualmente estimada en 13.7 millones— podría aumentar en 2.7 millones para 2045 y crecer un 40% para 2075, proyecta el estudio. Esto se debería, en parte, a que muchos niños nacidos en EE.UU. pero sin ciudadanía permanecerían en el país como indocumentados. Además, el MPI advierte un posible incremento en la salida de familias migrantes, citando un caso emblemático: en 2020, cerca de 500 mil niños estadounidenses ya vivían en México, muchos de ellos debido a deportaciones o a la decisión de sus padres de abandonar el país.

¿Una nueva clase de “no ciudadanos”?

Los autores del informe —Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt— alertan que la medida podría crear una clase de personas nacidas en EE.UU. pero privadas de derechos, lo que afectaría la movilidad económica y la cohesión social.

Uno de los argumentos utilizados por los defensores de la restricción es el llamado “turismo de nacimiento”, donde mujeres extranjeras viajan al país para dar a luz y asegurar la ciudadanía estadounidense a sus hijos. Sin embargo, los datos desmienten que sea un fenómeno masivo: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo 9 mil de los 3.6 millones de nacimientos anuales corresponden a madres no residentes.

¿Un derecho constitucional en riesgo?

Trump firmó una orden ejecutiva en su segundo día de gobierno para eliminar este derecho, pero tres jueces federales la bloquearon temporalmente. La medida choca con la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todo nacido en territorio estadounidense desde 1868.

No obstante, el contexto político ha cambiado. “Es difícil predecir qué pasará, porque ahora hay una Corte Suprema conservadora, con jueces nominados por Trump”, explicó a EFE Thomas Kennedy, analista de la Florida Immigrant Coalition (FLIC). Aunque considera poco probable que la iniciativa prospere, advierte que ya ha generado “mucha confusión y miedo” entre migrantes, quienes temen que la norma pueda aplicarse retroactivamente —algo que, por ahora, no está planteado.

“Al final, es una estrategia más para crear un ambiente hostil, donde los migrantes sientan que sus derechos están bajo amenaza”, concluyó Kennedy.

Mientras la Corte Suprema evalúa el caso, la polémica reaviva el debate sobre la inmigración y los derechos civiles en un país donde, históricamente, el “suelo estadounidense” ha sido sinónimo de ciudadanía.