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Nacional

Cronología de contradicciones en el gobierno de AMLO en el Caso Ayotzinapa

La justicia en el caso Ayotzinapa no ha encontrado cabida en los últimos ocho años desde aquella noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala cuando tuvo lugar un ataque indiscriminado en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. El saldo: tres estudiantes asesinados, al menos 40 lesionados y 43 estudiantes desaparecidos.

Han tenido que pasar ocho años para que los familiares de las víctimas tengan acceso cabal a un informe más detallado sobre la desaparición de sus hijos, pero de ahí a que todos los responsables reciban castigo y sentencia, todavía queda un largo camino por recorrer.

El 18 de agosto de 2022 el Gobierno de México presentó el Informe Ayotzinapa en el apunta que uno de los principales retos es “romper con el pacto del silencio entre los perpetradores de la violencia y desaparición de los estudiantes para obtener información que permite conocer la verdad de los hechos”.

FGR cancela órdenes de aprehensión

Pero, solo un mes y seis días después de darse a conocer dicho informe, las esperanzas de justicia se volvieron a desbaratar: la Fiscalía General República canceló al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. Los más impresionante y también lo más raro es que la mayoría de estas órdenes involucra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La información fue dada a conocer por El País en un amplío trabajo que detalla que “de las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro”.

“Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada”, indica la investigación de El País.

El reportaje indica que también se cancelaron órdenes de detención “contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia”.

Murillo Karam, la ‘manzana de la discordia’

De acuerdo con la investigación del diario español las investigaciones coordinadas entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) marchaban ‘bien’ hasta que se presentó el caso de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República-

“El fiscal Gertz ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La UEILCA planteó entonces un plazo de un mes para consignar la acusación al juzgado. Pero Gertz se negó y desplazó a la Unidad. El fiscal general ordenó entonces a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo de manos de la UEILCA y lo presentara al juzgado”.

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto al salir de su domicilio, enLomas de Chapultepec, Ciudad de México y una semana después fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Fuentes señalaron a El País que “desde entonces, Asuntos Internos mantiene “ocupada” la UEILCA, desplazando al equipo original de Gómez Trejo”.

AMLO del lado de la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, una vez más a la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero. Al ser cuestionado sobre la cancelación de dichas órdenes de aprehensión, el mandatario descartó retomar dichas órdenes bajo el argumento de que estas no están integradas en el Informe Ayotzinapa.

“No estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación, ya los que están en el informe si se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no, si son culpables o inocentes, si recibieron órdenes, de quién, continúa la investigación”, dijo el presidente en su conferencia matutina del lunes 26 de septiembre.

-¿No se actuará para que se reponga lo de las 21 órdenes?-, le preguntó una reportera.

-Yo creo que no, porque no debería porque el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros-, asestó el mandatario.

Gómez Trejo renuncia

Este 27 de septiembre, un día después de conmemorarse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, el fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al cargo.

El presidente López Obrador se limitó a decir que “hay diferencias” y que por ello Gómez Trejo dejaría la UEILCA.

El País señala que esta decisión ya había sido comunicada desde hace semanas a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados.

Los desencuentros entre Alejandro Gertz Manero y Omar Gómez Trejo se remiten al proceso de consignación del caso Murillo Karam.

“Murillo era un objetivo a medio plazo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pero la exigencia del fiscal Gertz dejó a sus integrantes descolocados. Gómez Trejo pidió tiempo a Gertz, un mes, para presentar el caso al juzgado y así llegar bien preparados. El fiscal general se negó y apartó a la UEILCA del proceso”, refiere El País.

Con información de El Financiero

Nacional

¿Qué se sabe de los surfistas extranjeros desaparecidos en Ensenada?

La Fiscalía General del Estado de Baja California está en espera de los exámenes forenses que le permitan determinar si los cuerpos encontrados en un pozo de Ensenada corresponden a los extranjeros (dos australianos y un estadounidense) reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de abril.

Los tres turistas, quienes habían llegado a Baja California con la intención de surfear en la zona de Rosarito-Ensenada, fueron identificados como los hermanos Jake y Callum Robinson, originarios de Perth, Australia, así como Jack Carter Rhoad, un joven proveniente de los Estados Unidos, quien los acompañaba en el viaje.

En torno al caso, las autoridades no han brindado información concluyente; sin embargo, la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, reveló en entrevista para El Financiero que existe una alta probabilidad de que los tres cadáveres encontrados pertenezcan a los surfistas. Esto es lo que sabe hasta ahora. 

¿Qué fue lo último que se supo de los surfistas desaparecidos en Baja California? 

Debra Robinson, la madre de los australianos desaparecidos, publicó el pasado miércoles en una página de Facebook un llamado de ayuda para localizar a sus hijos de quienes no sabía nada desde el sábado 27 de abril.

La mujer dijo que habían reservado un alojamiento en la zona de Rosarito, pero nunca llegaron a su destino.

La noche del jueves, luego de que se diera a conocer públicamente el caso, una denuncia anónima alertó a las autoridades de la Fiscalía del hallazgo de un vehículo abandonado en el interior de su propiedad, el cual por sus características, podría tratarse del auto en el que viajaban los tres extranjeros.

De acuerdo con la agencia EFE, se trataba de una camioneta Chevrolet Colorado color blanca con placas de California, misma que fue hallada por las autoridades abandonado y calcinado.

¿Qué se sabe de los cuerpos encontrados en Ensenada? Esto han dicho las autoridades

El viernes, autoridades de Baja California confirmaron el hallazgo de tres cuerpos en un acantilado en el poblado de Santo Tomás, en la misma zona donde el sábado desaparecieron los surfistas. Los cadáveres tenían huellas de violencia y hasta ahora no se ha confirmado que correspondan a los tres turistas. 

Al respecto, la fiscal María Elena Andrade Ramírez detalló al El Financiero TV que tres personas (dos hombres y una mujer) de origen mexicano ya fueron detenidas por presuntamente estar involucradas en las desapariciones. 

Indicó con base en las primeras indagatorias, una de las teorías es que pudo tratarse de un asalto que salió mal. Señaló quelos presuntos culpables intentaron apoderarse del auto de los extranjeros, pero al oponer resistencia, estos fueron baleados. 

“Consideramos que estas personas al ver la acción trataron de deshacerse de los cuerpos de las víctimas arrojándolas en este pozo de más de 15 metros de profundidad con el ánimo de que no fueran encontradas por ninguna autoridad o familiar, toda vez que al ver la magnitud de los hechos, se asustaron”, señaló la funcionaria, quien precisó que esta información fue obtenida a partir de la narración de uno de los detenidos.

Entre las evidencias que se tienen hasta ahora, la fiscal mencionó que encontraron huellas de arrastre, restos de las casas de campaña, así como ropa y manchas hemáticas. Asimismo, dijo que se halló el teléfono celular de uno de los desaparecidos en posesión de uno de los sospechosos.

Co información de El Financiero

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Nacional

Proponen crear Registro Nacional de Agresores de Animales

El pasado 4 de mayo se presentó una iniciativa sobre la creación del Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales, nada menos que ante la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se trata de la creación de una base de datos donde quede registro de personas que hayan sido sentenciadas por maltratar animales, un problema muy severo y común en México.

La propuesta vino de la diputada Gabriela Sodi y ya fue remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana y busca la creación de lo que se define como el Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales, una base de datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) donde quedará registro de las personas que han sido sentenciadas por maltrato contra animales.

Para esto habría colaboración de distintas dependencias. De acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados, la SSPC armaría convenios con la PROFEPA, la FGR y todas las procuradurías o instituciones de protección ambiental. El objetivo sería compartir información sobre las sentencias para la creación de un registro de todo el país.

Nombre y CURP de quien haya recibido una sentencia por maltrato, crueldad, daño o tortura contra un animal, quedarían registrados en esta base de datos. También se registraría su residencia, expediente, la sentencia y las medidas cautelares que haya recibido; por ejemplo, si le ordenan recibir algún tratamiento psicológico.

La información del Registro estaría disponible nomás para personal designado por SSPC. Literalmente en el comunicado de la Cámara de Diputados queda claro que “Por ningún motivo podrá hacer público su contenido”.

Lo que sí será posible, es que refugios, asilos y albergues podrán consultar si alguna persona que tenga la intención de adoptar un animal, se encuentra o no en el Registro Nacional. Imposible darle una mascota a alguien que tenga antecedentes y esté en una base de datos de Personas Agresoras de Animales.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, en México 7 de cada 10 perros y gatos se encuentra en situación de calle. Esa cifra, expuso la mencionada diputada, deja ver que no existen medidas suficientes para contrarrestar el maltrato y abandono de animales.

Con información de Sopitas

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Nacional

Migrantes irregulares interceptados por México se triplican en el primer trimestre de 2024

La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360 mil personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

Las autoridades mexicanas detectaron a 359 mil 697 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y marzo de 2024, un incremento de 199.68 por ciento frente a las 120 mil 29 del mismo periodo de 2023, según revelan las estadísticas disponibles de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En tan solo tres meses, el Gobierno de México ha interceptado casi la mitad, el 46 por ciento, del récord de 782 mil 176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando este flujo subió un 77 por ciento anual.

El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 89 mil 718 registrados, casi uno de cada cuatro del total, el 24.94 por ciento.

Le siguen Honduras (37 mil 323), Ecuador (36 mil 956), Guatemala (36 mil 934), Colombia (21 mil 534), Nicaragua (18 mil 711), El Salvador (17 mil 720), Haití (16 mil 791) y Cuba (10 mil 464).

Más operativos y menos migración, según el Gobierno

Las cifras se difunden tras un comunicado conjunto emitido el lunes pasado por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes acordaron “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares”.

Como logro, López Obrador afirmó el jueves que las capturas de indocumentados han caído en más del 50 por ciento en la frontera con Estados Unidos, que reportaba unas 12 mil diarios en diciembre y en abril bajó a un promedio de 5 mil 812.

La tensión por la migración ha aumentado este año porque coinciden las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos, pero el mandatario mexicano negó que endurezca los controles por presiones de Estados Unidos.

“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero“, aseveró en su conferencia matutina.

La frontera sur resiente el fenómeno

Tapachula, la mayor ciudad en la frontera sur de México, aún resiente el fenómeno, aunque algunos activistas señalan que la cantidad de migrantes en las calles ha disminuido.

Gerver Bermúdez, administrador del albergue Jesús el Buen Pastor en Tapachula, consideró que ha bajado la presencia de extranjeros, pero no han dejado de llegar a la ciudad, donde están cuatro o cinco días y siguen su ruta porque las autoridades no les están dando permisos de tránsito.

“El albergue siempre se mantiene lleno y el objetivo es apoyar a todo aquel que venga siendo migrante. Hemos manejado entre 800 y 900 personas de diferentes nacionalidades como hondureños, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos”, expuso a EFE.

En cambio, Cecilia Izaguirre, defensora de los derechos humanos en Tapachula, destacó que ya no es muy visible la presencia de tantos extranjeros.

“La gente ya no se queda en Tapachula, porque venían a estar aquí para hacer su procedimiento de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero ahora están pasando de largo, ha disminuido un poco, pero no ha parado o no ha disminuido en una gran cantidad”, apuntó la activista.

El cubano Felipe Martínez, quien trabaja de manera informal estacionando vehículos, expuso que ahora los migrantes “se van caminando” desde la frontera sur ante la acción de las autoridades mexicanas.

“Se van en caravana porque demoran los papeles un poco, caen en estado de ansiedad porque quieren estar establecidos en un solo lugar con sus familiares, se desesperan, emigran y siguen buscando nuevos horizontes”, indicó el migrante, quien está esperando que la Comar resuelva su solicitud de asilo.

En cambio, Jorge Cruz, hondureño que está en el albergue Jesús el Buen Pastor, consideró que la migración se mantiene normal porque “siempre llegan bastantes todos los días”.

“Siempre hay, yo miro que hay más gente que sube y sube, no ha bajado, entra bastante gente, también entra bastante gente en el albergue, hay niños y mujeres, quienes son apoyados vienen y se van”, comentó.

Con información de EFE

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