La nueva Suprema Corte anuncia austeridad y garantiza certeza jurídica a inversionistas

En una sesión solemne que marcó el inicio formal de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar anunció un ambicioso plan de austeridad que busca ahorrar 800 millones de pesos anuales, con recortes a ingresos y prestaciones de ministros en retiro, además de eliminar lo que calificó como “privilegios indebidos y nepotismo”.

Ante la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, los presidentes del Congreso, secretarios de Estado, gobernadores e invitados especiales, Aguilar —el abogado mixteco más votado en las elecciones judiciales— enfatizó que la austeridad “no significa precariedad para los tribunales, sino erradicación del dispendio”.

Fin de privilegios y ajuste constitucional

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el compromiso de adecuar las remuneraciones del Poder Judicial a lo establecido en la Constitución: que ningún servidor público gane más que la presidenta de la República. Adelantó que se resolverán “cientos de amparos” promovidos por personal judicial para eludir este mandato.

Aguilar también destacó que los nuevos ministros se atenderán en el ISSSTE, “como todo burócrata”, rompiendo con esquemas anteriores de seguridad médica privada.

Mensaje de certeza a inversionistas

En un guiño claro al sector económico, el ministro presidente envió un mensaje directo a la comunidad empresarial:
“Tengan la seguridad de que la Corte les garantizará certeza jurídica plena”, afirmó desde el máximo tribunal.
“Les animo a sumar esfuerzos en la construcción de un México con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible”.

Con esto, buscó disipar dudas sobre la posible dirección ideológica de la nueva Corte y reafirmar su papel como garante de la seguridad jurídica para las inversiones.

Autonomía, diálogo y “refundación” judicial

Aguilar calificó el momento como “histórico” y una “refundación del Poder Judicial”, derivada —dijo— de un “hartazgo ante un sistema de justicia desigual, excluyente y al servicio de sectores privilegiados”.

Se declaró abierto al diálogo con los otros Poderes de la Unión, pero siempre respetando la autonomía e independencia judicial. También extendió la mano a la academia, sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos para “aprender, dialogar y compartir experiencias”.

Compromiso con la ética y el Estado de Derecho

Dirigiéndose a abogados y justiciables, Aguilar prometió que la SCJN mantendrá “el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la Constitución y el debido proceso”. Hizo un llamado explícito a evitar “diálogos y arreglos indebidos que propician la corrupción”, en lo que pareció una alusión a las prácticas de lobby y influencia entre abogados y magistrados.

La ceremonia, de 32 minutos, estableció un tono de reforma interna, disciplina fiscal y apertura al escrutinio, pero también de firmeza institucional y promesa de neutralidad jurídica, en un intento por construir legitimidad para una Corte que nace de la elección popular y se declara heredera de una demanda ciudadana de justicia verdadera.