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Nacional

La UIF revisa cuentas de Salinas de Gortari, Calderón y EPN

Luego de la denuncia emitida por el expresidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las cuentas bancarias de tres exmandatarios: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A su vez, la dependencia tiene pendientes otras investigaciones en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios, pero hasta el momento solo se han revisado las finanzas de 19 personas, entre ellas los tres mandatarios, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; el senador, Roberto Gil Zuarth; el excandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade y el excandidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, por mencionar algunos.

Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.

La solicitud de información hecha por la UI para investigar a las 19 personas fue emitida desde el pasado noviembre del año 2020, en las cuales ni el actual mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, ni el excandidato priísta, José Antonio Meade, mostraron irregularidades en sus gastos.

Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también exdirector de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.

Éste último es, hasta el momento, el único exfuncionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.

Apenas el día de ayer 24 de mayo, el portal Animal Político sacó a la luz un artículo en el que se acusaba al expresidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y a Ricardo Anaya de haber entregado sobornos para que la reforma eléctrica del priísta fuera aprobada entre 2013 y 2014. Dichos sobornos ascenderían a los casi 100 millones de pesos.

El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.

Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.

Aunado a ello, el Instituto de Transparencia mexicano ordenó a la Fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como parte de la petición, el INAI determinó que la FGR deberá dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 hasta el 29 de enero del 2021.

En el informe, la dependencia deberá detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal, entre otros requerimientos más.

Nacional

AMLO incumplió con promesa de acabar con asesinatos de periodistas en México: Reporteros Sin Fronteras

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy el “discurso hostil” hacia los medios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus seis años de mandato, en los que ha incumplido su promesa de terminar con los asesinatos de periodistas en su país (37), a casi un mes de los comicios del 2 de junio.

“El balance es desolador: más allá de la cifra aterradora de reporteros que han perdido la vida, no se ha llevado a cabo ninguna reforma del sistema de protección de los periodistas, a pesar de las recomendaciones sobre la materia”, denunció la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que tiene su sede en París, Francia.

Los 37 asesinados por ejercer como periodistas -muchas veces por investigar sobre los cárteles de la droga y sus ramificaciones políticas- se acercan en número a los ocurridos durante el mandato del antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto. Durante 2012 y 2018 se contabilizaron 38 muertes de informadores en ese periodo.

No obstante, los seis años de Felipe Calderón (2006-2012) fueron los más mortíferos (51) en los últimos 30 años. Los Estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas han sido los que han contabilizado más asesinatos desde 1995.

Desde hace años, México figura entre los países con más informares asesinados en el mundo.

“Con vistas a las elecciones generales del 2 de junio, RSF pide a los candidatos que se comprometan a adoptar por fin medidas concretas para proteger a los profesionales de los medios y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas”, indicó Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.

La ONG envió un mensaje para los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, representante de la oposición de derechas, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

“Aunque los tres han hecho de la inseguridad y la corrupción sus temas centrales de campaña, a la fecha no se han pronunciado oficialmente sobre la trágica situación de los periodistas en México”, avisó.

Con información de EFE

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Nacional

ASF pierde última oportunidad de reactivar acusación contra Rosario Robles por Estafa Maestra

Con la decisión dada ayer por el Tribunal Federal, puede darse por concluido el proceso en contra de Rosario Robles que la involucraba en el llamada Estafa Maestra.

La FGR nunca acusó a la exfuncionaria de algo más allá que de una falta administrativa.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México desechó el amparo solicitado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución absolutoria que hace unos meses se le concedió a Rosario Robles. Con dicho amparo, la ASF buscaba reactivar la acusación en contra de la exfuncionaria cuando se desviaban recursos por medio del esquema conocido como La Estafa Maestra cuando ella encabezaba secretarías federales, ejercicio indebido del servicio público.

Desde el año pasado Rosario Robles ya había superado el caso de la Estafa Maestra, ya que el juez consideró que a la exfuncionaria nomás se le estaba acusando de faltas administrativas y no de un delito en sí y la Fiscalía General de la República nunca se tomó la molestia de investigar a fondo a la exfuncionaria para ver si había tenido algún papel más relevante en el desvío millonario de recursos.

¿Qué tuvo que haber hecho la FGR para evitar que Rosario Robles quedara sin proceso? Parecería lo primero que se tuvo que hacer, pero, según Animal Político, la Fiscalía nunca revisó las cuentas de las empresas fantasma involucradas en la Estafa Maestra, ni a la cadena de mando que dio luz verde a la salida de todo el dinero. La acusación contra Rosario Robles fue administrativa y la FGR nomás se limitó a investigar dentro de esa línea.

De acuerdo con Proceso, la ASF ya no puede volver a impugnar el fallo que absuelve a Rosario Robles. Así que la resolución que cancela el proceso penal contra la exfuncionaria, quien estuvo tres años en prisión de manera preventiva, ya es inamovible.

“¡Se acabó la infamia!”, celebró Rosario Robles en redes sociales al conocer el fallo ratificador del Noveno Tribunal Colegiado “La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios”, agregó la exfuncionaria.

Con información de Sopitas

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Nacional

Senado aprueba reforma al sistema de pensiones; pasa al Ejecutivo para su promulgación

Sin cambios al dictamen, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular reformar el sistema de pensiones y dar paso a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Con 70 votos en favor, 43 en contra y dos abstenciones, los legisladores de Morena y sus partidos aliados aprobaron en lo general el dictamen que busca que el Fondo de Pensiones para el Bienestar este financiado por los ahorros para el retiro que no hayan sido reclamados por personas de 70 años o más con cuentas inactivas. En lo particular, la reforma se aprobó con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Durante la discusión en lo particular, la senadora del PRI, Verónica Martínez García, afirmó que si dicha reforma beneficiara a los trabajadores su partido lo apoyaría, pero que “la actual reforma que se plantea afectará a las y los trabajadores, buscando obtener recursos de manera irregular para crear un fondo de pensiones”.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso que en el dictamen se establezca que se notificara a los trabajadores que pudieran tener recursos o cuentas inactivas en materia de las pensiones y en caso de que no hubiera un reclamo dichos recursos puedan ser dispuestos por la autoridad, la cual fue rechazada por los morenistas.

La panista Kenia López Rabadán aseguró que “Morena perpetrará un robo a los adultos mayores”, porque “no les alcanza el dinero que tomaron de los fideicomisos” que desapareció la actual administración.

En la discusión del dictamen, la senadora morenista, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, acusó que la oposición sólo argumenta que la reforma busca perjudicar a los trabajadores cuando es a favor de ellos.

Asimismo, el senador de Morena, José Antonio Aguilar Castillejos, apuntó que es necesario fortalecer el sistema de pensiones y que la reforma no sólo se limita a la creación de un fondo y que “busca garantizar el derecho de las y los trabajadores a una pensión digna”.

El dictamen busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, de la Ley del ISSSTE, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, y se pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con información de Latinus

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