La Guardia Nacional (GN), una policía civil por definición, ha sido dirigida y manejada desde el inicio por militares del Ejército en activo, que igual dan órdenes como jefes policiales que como comandantes de las fuerzas armadas. En los hechos nunca han estado separados de la estructura y jerarquía castrense, pese a que así lo ordenaba la reforma constitucional que dio luz verde a la nueva corporación.

Así lo revela una demanda de amparo presentada por una Mayor del propio Ejército Mexicano, que se desempeñaba como Directora de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, y quien fue removida de su cargo y enviada como fiscal militar a Reynosa, Tamaulipas, por orden de la Sedena. Esto, luego de que se inconformara por la participación de una unidad de militares en la atención de una víctima de efectivos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la demanda de amparo, dichos mandos militares pueden decidir, de un día para otro, quién permanece en la Guardia o quién es regresado a otra área de las fuerzas armadas, sin intervención civil de por medio. De hecho, es la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que interviene en los nombramientos y hasta en la atención a víctimas de la propia GN.

A la cabeza de esos mandos está el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Inocente Prado López, Comisario Jefe titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, Comandante de la Policía Militar de la Sedena.

Prado – quien jerárquicamente solo está por debajo del comandante Rodríguez Bucio en la GN- fue, en el sexenio pasado, el Jefe de Guardias Presidenciales adscrito al Estado Mayor Presidencial, es decir, uno de los principales encargados de la seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto.

El amparo, al que Animal Político tuvo acceso a través de fuentes judiciales, ya fue admitido por el juez federal Víctor Luna Escobedo, adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México, bajo la causa 694/2020, y se encuentra en análisis.

El documento de la demanda evidencia que, para la constitución de la Guardia Nacional, la Sedena echó mano de su cuerpo de Policía Militar, pero manteniendo toda su estructura y sus mandos, y solo rebautizándolos con membretes policiales e impartiéndoles algunos cursos. De hecho, este medio ha documentado ya con anterioridad que los nuevos elementos de la GN en realidad son reclutas de la Policía Militar.

El problema es que, contrario a lo que dice la Constitución y la ley, dicho cuerpo policial-militar liderado por el general Inocente Prado López nunca se separó realmente de la Sedena. La policía militar sigue subordinada a la línea de mando que nace del secretario de la Defensa y, por ende, los mandos militares de la Guardia también.

“La Secretaría de la Defensa Nacional de hecho actúa de manera ordinaria al conceder facultades al General de Brigada D.E.M., INOCENTE PRADO LÓPEZ, para que desempeñe funciones relevantes como mando en ambas corporaciones, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, esto es entre la milicia permanente y la Función Policial, con total violación de mis derechos fundamentales ya que por parte de las Fuerzas Armadas Permanentes funge como Comandante del Cuerpo de Policía Militar y como titular de la Jefatura General de Coordinación Policial toma decisiones en la Guardia Nacional”, indica el escrito de la demanda.

El nivel de injerencia de las fuerzas armadas en la operación de la GN es un tema del que se han documentado datos e indicios en los últimos meses, pero es la primera vez que se confirma por una Mayor del Ejército que a su vez fue funcionario de la Guardia. Este medio solicitó a la Guardia Nacional un posicionamiento oficial sobre tema, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Los dobles amos

En su escrito enviado al juez, la Mayor Adriana Herrera revela cómo dos de los mandos de mayor jerarquía de la Guardia Nacional desempeñan al mismo tiempo y de forma activa sus cargos militares en la Sedena. Lo prueba a través de los oficios que en distintos momentos recibió para asignársele encomiendas o para cambiarla de adscripción.

En el caso de Inocente Prado López, por ejemplo, la Mayor cuenta con oficios civiles que este le dirigió en su carácter de Comisario titular de la Jefatura General de coordinación General de la GN. Pero a su vez, cuenta con órdenes militares del mismo funcionario, pero desde su puesto como General Comandante de Policía Militar.

Dicha situación se repite con el General de Brigada Carlos Corral, quien ocupa el cargo de comisario titular de la Subjefatura de Planeación Administrativa y Logística, pero que a su vez le transmitió órdenes desde su posición de General Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Policía militar.

Y aunque la Mayor ocupaba un cargo directivo en la GN, fue el General Prado a través del General Corral quien le ordenó separarse de la Guardia Nacional para asumir un cargo como fiscal de la Sedena en Reynosa. Es decir, un movimiento militar ordenado a una funcionaria de una institución civil.

A ellos se sumarían varios mandos más de la Guardia que ocupan jefaturas operativas de la nueva fuerza policial, algunos de los cuales pertenecieron al Estado Mayor Presidencial en el sexenio pasado, de los que ya no se detallan nombres.

Todo esto representa dos problemas graves, según el amparo de la mayor Herrera. Por un lado, es una forma de incertidumbre y acoso laboral al recibir órdenes policiales y militares simultáneas e incompatibles. Pero por otro, se trata de un problema estructural, pues evidencia una artera violación a los parámetros y leyes que el Congreso avaló para dar luz verde a la GN.

Ello ya que el artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional establece claramente que todos los integrantes que provengan de las fuerzas armadas deben estar “funcionalmente separados” de ella. Esto no significa ser dados de baja del Ejército ni perder sus prestaciones, pero sí que no realizan labor alguna en Sedena ni estén sujetos a su jerarquía.

Incluso, en el apartado de consideraciones del dictamen de la Ley de la Guardia, el Senado dejó en claro que la asignación de militares para conformar inicialmente a la GN era una situación “extraordinaria”, pero que forzosamente requiere que estos queden sujetos únicamente a una cadena de mando civil.

“El personal de la Fuerza Armada permanente que sea transferido a la Guardia Nacional asumirá un carácter plenamente civil (…) bajo ninguna circunstancia podrán entenderse vinculados para el desarrollo de alguna función o con relación a cualquier mando en el instituto armado del cual provengan”, indica el dictamen.

Sin embargo, los oficios militares, las órdenes y el cambio de puesto de la mayor Herrera de una dirección en la GN a una asignación militar en Tamaulipas, descritos en el amparo, prueba que tal separación funcional no existe.

El apodo Guardia Nacional y los veteranos que no lo son

En su demanda, la Mayor revela que no se ha respetado la conformación del “pie veterano” de la Guardia Nacional ni sus objetivos. Esto es, que solo se transfiriera a un grupo de militares para conformar su base fundacional, los cuales a su vez auxiliarían en la formación de nuevos efectivos cien por ciento civiles.

En cambio, para poner en marcha a la Guardia Nacional literalmente se utilizó y rebautizó a todo el cuerpo de Policía Militar. De esta forma, por ejemplo, la 8va Brigada de Policía Militar desplegada en Oaxaca – a la que estaba adscrita la Mayor – se convirtió en la Coordinación Estatal de Guardia Nacional en Oaxaca.

En el papel, ello significaría que la policía militar y sus integrantes deben permanecer en la GN hasta por cinco años y solo sujetos al mando civil. Pero no es así. La Sedena ha reasignado por su cuenta a efectivos como Herrera, a la que en agosto envió como fiscal militar a Reynosa. Ello sin que la Secretaría de Seguridad a la que está adscrita la Guardia intervenga en ningún momento.

La demanda hace referencia a que estos movimientos que afectan al pie veterano de la GN no son un hecho aislado. No se dan más detalles, sin embargo, una comparación hecha entre un informe de la GN obtenido por transparencia fechado el 18 de agosto, y otro presentado por la GN en la conferencia presidencial del 18 de septiembre, muestra cambios de coordinadores estatales en seis entidades federativas y con un solo mes de diferencia.

A esta situación se suma que la transferencia e integración de militares a la GN – por definición una policía civil – no ha sido una excepción inicial sino la regla. Como ya se ha documentado los miles de nuevos integrantes que se han ido sumando a esta son en realidad policías militares que Sedena sigue reclutando, y que solo son rebautizados como “guardias”.

Esto contraviene, de nueva cuenta, el dictamen que dio pie a la reforma constitucional y a la creación de la ley de la Guardia Nacional. El apartado II del dictamen describe lo que debería suceder, y no ha ocurrido:

“Los actos de asignación (de militares) autorizados al Presidente de la República son excepcionales para la fundación de la Guardia Nacional. La nueva institución policial y su buen desempeño y consolidación no podrían quedar sujetos a actos sucesivos de reasignación a la fuerza armada permanente o de nuevas asignaciones de ésta a la Guardia Nacional. Esta es una cuestión de la mayor importancia por la aspiración nacional de poder conformar, en un periodo razonable de tiempo, la institución policial civil que el órgano revisor de la constitución ordenó crear y constituir”, indica el dictamen.

Injerencia militar hasta en las víctimas

En la demanda de amparo, la Mayor del Ejército denuncia que la orden castrense que recibió de la Sedena para separarse de su cargo de Directora de Vinculación Ciudadana de la GN y trasladarse a Reynosa fue una suerte de represalia, por no haber querido avalar otra reiterada injerencia militar en la esfera civil: la atención de sus víctimas.

El último caso ocurrió a principios de agosto cuando recibió la orden del General Prado López, en su rol de comisario jefe de la GN, de trasladarse a Michoacán para atender a una joven de 20 años de iniciales M.M.P. que había resultado gravemente herida por un disparo en un ojo efectuado accidentalmente por un guardia.

Sin embargo, al llegar al sitio se percató de que militares, adscritos a la Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC) de la Sedena, ya habían intervenido en el asunto para ofrecer a los familiares del joven un pago económico como indemnización a cambio de que el asunto quedara cerrado.

La Mayor explica que esto no solo era completamente irregular por la injerencia militar en un asunto civil, sino además perjudicial para los afectados. Ello dado que el joven tenía derecho a que, como víctima de un caso de abuso de la fuerza policial, fuera inscrito en el Registro Nacional de Víctimas, asesorado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, y a partir de ello se le diseñara un plan integral de reparación del daño mucho más amplio que un pago económico, acorde a la afectación de perder un ojo permanentemente.

“Esto generó inconformidad en el personal de la UNIVIC al grado de informarlo a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional bajo una connotación indebida; con motivo de ello el Inspector GN, Guillermo Leopoldo Mendoza Argüello, Director General de Derechos Humanos y Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, me comunicó verbalmente que por orden del Comandante de la Guardia Nacional recibida de funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, la suscrita fue separada a partir del 8 de agosto del 2020 de la comisión para atender al civil lesionado”, relató Adriana en el amparo.

Animal Político publicó el pasado 11 de septiembre que elementos de la GN estaban involucrados en al menos cinco casos de abuso de la fuerza, algunos con consecuencias letales, y que en varios de ellos había intervenido la Sedena a través de la UNIVIC para ofrecer dinero a los afectados.

De acuerdo con autoridades consultadas por este medio, al frente de la UNIVIC se encuentra el General Brigadier Gumaro Cabrera Osorio, quien en el sexenio pasado ocupó el cargo de subjefe logístico del Estado Mayor Presidencial, el cual se encargaba de la seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto.

En la demanda de amparo, la Mayor sostiene que le comunicó por escrito al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la intervención irregular de una unidad del Ejército (UNIVIC) en asuntos de total competencia civil como es la atención a víctimas de la GN, sin embargo, no recibió respuesta. Poco después de ello recibió la orden de dejar la Guardia y trasladarse a Reynosa, Tamaulipas.

La Guardia verde olivo

El amparo de la exdirectora de Vinculación Ciudadana de la GN Adriana Herrera es la primera confirmación de un integrante de esta fuerza sobre la injerencia castrense en su operación. Pero en los últimos meses ya se han revelado diversos datos e indicios, que delinean a la nueva corporación más como una extensión de las fuerzas armadas que como una policía civil independiente.

En el reportaje “Crimen y violencia en México: La Guerra que no acaba” publicado en abril pasado, este medio evidenció que más del 80 por ciento de los guardias son militares del Ejército y la Marina. En notas posteriores se confirmó que el reclutamiento era exclusivamente militar y que la Sedena intervenía en el cuidado de víctimas.

Medios y blogs especializados en fuerzas armadas también han publicado documentos que muestran una creciente participación de la Sedena en la actuación de la Guardia Nacional.

La semana pasada el experto en seguridad Alejandro Hope publicó en su cuenta de Twitter un documento firmado por el titular de la Sedena y dirigido al secretario de Marina, Rafael Ojeda, en el que se advierte que por instrucción presidencial desde el pasado 6 de octubre el la Sedena asumió el control operativo de la Guardia Nacional.

En el portal Campo Marte el periodista especializado en cobertura de fuerzas armadas, Jorge Medellín, reveló los lineamientos de una propuesta de la Sedena para reorganizar varias de las estructuras de la GN y fortalecer áreas como las de investigación e inteligencia.

Con información de Animal Político