Bolivia ordena la captura de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado tras las protestas que paralizaron el país

La Fiscalía de Bolivia dictó este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y otros delitos relacionados con su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras que estremecieron al país entre mayo y junio.

La orden, emitida por el fiscal Brayan Melgar, también imputa a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Siete semanas de crisis

Durante más de un mes y medio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) mantuvieron bloqueos en carreteras del occidente y centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz como “única demanda” de las movilizaciones.

El impacto de los cortes viales fue devastador: desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades; al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna derivada de los bloqueos— y pérdidas económicas calculadas en más de 3 mil millones de dólares.

La denuncia que desencadenó la orden

La acción legal fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico del país, a quienes posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Junto a Morales, la denuncia incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a estos mismos hechos.

La postura del exmandatario

Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban forzar al Gobierno a atender las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo escribió en su cuenta de X que el mandatario tenía “dos caminos” ante los conflictos: militarizar el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días.

Fue el 20 de junio cuando Paz decretó el estado de excepción para poner fin a los bloqueos, ordenando el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación en todo el territorio nacional.

El exilio interno de Morales

El expresidente permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde se mantiene bajo la protección de centenares de seguidores que resguardan su integridad física ante otra orden de captura vigente en su contra.

Ese caso, que aún no ha sido resuelto, lo acusa de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija durante su mandato presidencial en 2016. En mayo pasado, un tribunal de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de aprehensión tras su incomparecencia al inicio del juicio. La Policía ha señalado que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.