Conecta con nosotros

Nacional

Cárcel y sin derecho a fianza para “outsorcings”

Publicado

El Gobierno federal dará un trato de crimen organizado a la subcontratación de personal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE en esquemas de outsourcing.

Según el proyecto de ley, la prisión preventiva será oficiosa (sin derecho a fianza) y contempla agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más personas.

“Resulta aplicable la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizados por cualquier grupo de tres o más personas, que se dedique de manera permanente o reiterada, a ofrecer estos esquemas ilegales que tengan como fin dañar al Fisco Federal, lo cual será perseguido como delincuencia organizada.

“(Y por) cualquier empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales, misma que será perseguida penalmente por la comisión de delitos fiscales calificados que atentan contra la seguridad de la Nación, siempre que no acudan a la Secretaría de Hacienda a regularizar su condición fiscal”, indica la propuesta.

La propuesta de ley fue firmada ayer por López Obrador y entregada en la Cámara de Diputados, con la intención de que entre en vigor en enero de 2021.

Se tendrá además un periodo de cuatro meses a partir de su publicación para que la Secretaría del Trabajo expida las disposiciones sobre subcontratación.

La iniciativa plantea incorporar a la Ley Federal del Trabajo sanciones que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos a quienes realicen subcontratación de personal, a las personas físicas o morales que presten servicios sin autorización, y a quienes se beneficien de ello.

En la Ley del Seguro Social se prevé sancionar la presentación de información relacionada con la contratación fuera de plazos, y se castigará hasta con 150 mil pesos cuando las empresas no entreguen la información y documentación a los trabajadores sobre su contratación.