Donald Trump ordena excluir a indocumentados del conteo electoral en censo de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorandum en el que excluye a indocumentados del conteo del censo que determina las cuotas de representación en el Congreso, una estrategia orientada a favorecer al Partido Republicano.

“He determinado, para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto”, declaró el mandatario en el documento enviado al secretario de Comercio, encargado de realizar el censo este año en Estados Unidos.

Las estadísticas de población determinan en Estados Unidos la repartición del presupuesto pero también son vitales para asignar los escaños en la Cámara de Representantes.

En este censo, el gobierno de Trump ya había querido incluir la pregunta sobre la nacionalidad, pero fue bloqueada por la Corte Suprema, por lo que no está claro como llevaría a cabo su ibjetivo de excluir hispanos en el censo, mismo que ya se encuentra en marcha y no incluye dicha pregunta, así como la amenaza de una avalancha de demandas judiciales hacia el gobierno estadounidense.

El memorándum puntualiza que en julio de 2019, Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados. Así, podría intentar restar la cifra de los que no cuenten con residencia, pero el proceso podría ser inconstitucional. La Carta Magna estipula que el número de escaños debe atribuirse teniendo en cuenta el total de personas en cada estado, sin menciones al estatus legal.

En un documento, el presidente defendió la medida indicando que “refleja un mejor entendimiento de la Constitución y es consistente con los principios de la democracia representativa”.

Aritméticamente esta orden apunta a estados muy poblados y que votan tradicionalmente por los demócratas como California, que tiene 53 de los 435 escaños de la Cámara Baja.

Antes del inicio del censo, los expertos de esta oficina independiente, advirtieron que el intento de incluir la pregunta sobre la nacionalidad podría impedir que entre 1,6 y 6,5 millones de inmigrantes -en su mayoría latinos- participaran en la encuesta o que mintieran en sus respuestas, pues en el país viven al menos 10 millones de inmigrantes irregulares, según las últimas encuestas.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció que va recurrir a la decisión del presidente. “Nadie deja de ser una persona porque carezca de documentación”, replicó James en un comunicado. “Según lo que dice la ley, cada persona que reside en Nueva York durante el censo, sin importar su estatuto debe ser contado”.

La líder de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, también respondió rauda, afirmando que la “Constitución es clara” y que estipula que se cuenta a “todas las personas”.

La asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció esta acción del presidente como “inconstitucional” y prometió desafiarla ante los tribunales.