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El caso del ‘Niño Sicario’ de Tabasco: Entre la ley y la reintegración social
La situación legal de Derek Yair ‘N’, conocido mediáticamente como ‘El Niño Sicario’, permanece en espera de definición por parte de las autoridades tabasqueñas, en un caso que ha captado la atención nacional por la edad del implicado -15 años- y la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tabasco aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, y que hasta el momento no se ha solicitado la intervención del organismo para el resguardo del adolescente.
Los Hechos que Conmocionaron
La detención del menor ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando fue señalado de presuntamente intentar incendiar una vivienda como parte de cobro de piso. Las investigaciones preliminares sugieren que operaba bajo las órdenes de José Asunción ‘N’, alias ‘El Chuncho’, un hombre de 37 años vinculado al crimen organizado en la región.
La evidencia encontrada en su teléfono celular ha complicado su situación, al descubrirse videos que presuntamente muestran a una mujer secuestrada bajo su custodia, así como material que podría constituir prueba de un homicidio.
¿Prisión o Reintegración?: Lo que Establece la Ley
Contrario a lo que podría pensarse, el adolescente no enfrentaría una prisión convencional. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, aplicable en todo el territorio nacional, establece un proceso diferenciado para menores entre 14 y 16 años.
“Las personas menores de edad deben ser juzgadas en un sistema especializado para adolescentes”, establece la normativa. Para el grupo etario al que pertenece Derek Yair -entre 14 y 16 años- la privación de la libertad, de aplicarse, se llevaría a cabo en centros especializados y por “el tiempo determinado más breve que proceda”.
Prioridad: Reintegración antes que Castigo
El sistema de justicia para adolescentes en México establece como principio rector la “reintegración social” por encima del castigo punitivo. Según la ley, las sanciones deben tener “un carácter socioeducativo” destinado a “promover la formación de la persona adolescente, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El proceso legal que enfrentará incluirá un juicio oral y acusatorio, con las adecuaciones propias del sistema especializado. La ley enfatiza que la privación de la libertad representa la medida más extrema y debe considerarse sólo cuando otras alternativas no sean suficientes.
Mientras las autoridades determinan su posible vinculación con grupos delictivos como ‘La Barredora’, operante en Tabasco, el caso del ‘Niño Sicario’ representa un desafío para el sistema de justicia juvenil mexicano, que busca balancear la gravedad de los actos cometidos con la posibilidad de reinserción social de un adolescente.
