Washington D.C. demanda a Trump por despliegue “inconstitucional” de la Guardia Nacional en la capital

El gobierno del Distrito de Columbia presentó este jueves una demanda federal contra el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, por el despliegue no autorizado de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. La acción legal califica la medida como “una violación a los principios fundamentales de la democracia estadounidense”.

En el documento, presentado ante la Corte de Distrito de D.C., el fiscal general Brian Schwalb solicita que se declare inconstitucional la decisión de Trump de desplegar efectivos militares “sin el consentimiento expreso de la alcaldesa” Muriel Bowser, y se prohíba permanentemente su implementación.

Entre los demandados se encuentran el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el Ejército de Estados Unidos, y los departamentos de Justicia y Defensa.

Base legal y precedentes

La demanda se fundamenta en la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas para labores de aplicación de la ley en territorio nacional, excepto cuando medie autorización expresa del Congreso o la Constitución.

Este recurso judicial se produce días después de que un juez federal en San Francisco determinara que Trump violó la misma ley al desplegar tropas en Los Ángeles sin consultar a las autoridades locales. El magistrado enfatizó que “ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”.

Cifras y alcance del operativo

El 11 de agosto, Trump justificó la medida —inicialmente por 30 días— citando una “emergencia por alta criminalidad” en la capital. El despliegue incluye:

• 800 efectivos de la Guardia Nacional de Washington D.C.
• Más de 1,200 efectivos adicionales enviados por seis estados gobernados por republicanos
• Control militar de estaciones estratégicas como Union Station

Expansión del conflicto

El presidente ha señalado a Chicago y Nueva Orleans como próximos objetivos de esta estrategia, ignorando abiertamente las objeciones de alcaldes y gobernadores. La Casa Blanca alega que la crisis de seguridad pública requiere “medidas excepcionales”.

Organizaciones civiles y expertos constitucionalistas han alertado que esta escalada militar representa un precedente peligroso para la autonomía de los gobiernos locales y el equilibrio de poderes.

La Corte de Distrito de D.C. deberá pronunciarse en los próximos días sobre la solicitud de medida cautelar que ordene el retiro inmediato de las tropas, en lo que se perfila como un nuevo enfrentamiento judicial entre la capital y la administración federal.