Internacional
El Salvador prohíbe oficialmente el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo
El gobierno del presidente Nayib Bukele emitió este jueves una prohibición formal del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos de El Salvador y en las dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, mediante un decreto que busca establecer una “comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.
La medida, anunciada por la titular de esa cartera, la capitana Karla Trigueros, impide el uso de términos como “niñe”, “compañere”, “todxs” o “alumn@s”, así como la duplicación de género en expresiones como “todos y todas”. Esta decisión representa la primera vez que se establece una restricción explícita sobre estas formas de expresión en el país.
Contexto de transformación educativa
La prohibición se enmarca en una serie de cambios implementados por el actual gobierno en el sistema educativo nacional. Entre estas transformaciones se incluye la obligatoriedad del saludo militar al ingresar a los planteles escolares y la imposición de un código de vestimenta que establece un “corte de pelo adecuado” para los estudiantes.
La capitana Trigueros, funcionaria con formación militar al frente de la política educativa del país, ha sido la encargada de comunicar y implementar estas disposiciones, que según el gobierno buscan fomentar la disciplina y el orden en los centros educativos.
Reacciones y alcances
Aunque el lenguaje inclusivo nunca había sido de uso obligatorio en las instancias públicas de El Salvador, su prohibición explícita mediante decreto oficial marca un giro significativo en la política lingüística del Estado. La medida ha generado debate en círculos académicos y sociales sobre los límites de la regulación gubernamental del lenguaje y su impacto en la inclusión social.
Con esta decisión, El Salvador se une a otros países que han establecido restricciones similares sobre el lenguaje inclusivo en el ámbito educativo, en lo que representa una tendencia creciente en la región hacia la oficialización de políticas lingüísticas específicas por parte de los Estados.
