Nacional
INE rechaza impugnar candidaturas judiciales: “No es nuestra facultad”
En una decisión que confirma lo anticipado por analistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó cancelar las candidaturas de aspirantes al Poder Judicial acusados de no cumplir con el perfil requerido —incluyendo presuntos vínculos con el crimen organizado—, argumentando que carece de atribuciones legales para hacerlo.
El fallo, emitido durante una sesión del Consejo General del INE, responde a una solicitud firmada por Gerardo Fernández Noroña (presidente de la Cámara de Diputados) y Sergio Gutiérrez Luna(Senado), quienes pidieron anular 26 candidaturas —18 de ellas por antecedentes penales graves—. Sin embargo, los consejeros subrayaron que ni el Senado ni la Cámara de Diputados pueden delegar una responsabilidad que les corresponde a ellos.
“La Constitución no nos faculta”: INE
El consejero Uuc-kib Espadas fue contundente: “La solicitud nos pide acciones para las cuales no hay base legal”. Por su parte, la consejera Claudia Zavala criticó que los legisladores enviaran documentación irrelevante para el proceso electoral, como promedios académicos, en lugar de enfocarse en los requisitos de elegibilidad que ellos mismos debieron verificar.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había adelantado la postura del organismo: “Es ilógico que ahora impugnen candidaturas que aprobaron. Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos?”.
El trasfondo: Legisladores bajo la lupa
La polémica surge porque los perfiles de los candidatos fueron revisados y avalados previamente por el Congreso, según el procedimiento legal. El INE aclaró que su rol se limita a calificar la elección una vez realizada, no a vetar candidatos.
Los críticos señalan que el intento de impugnación —sin sustento jurídico— busca transferir responsabilidades políticas en un proceso ya marcado por señalamientos de opacidad. Entre los cuestionados figuran aspirantes con supuestos nexos con delincuencia organizada, lo que ha generado alarma sobre la independencia judicial.
¿Qué sigue?
El INE exigió a los legisladores proporcionar información válida para negar constancias de elección—como pruebas de antecedentes penales—, pero reiteró que no intervendrá en la etapa previa. Mientras, la elección judicial avanza, dejando en evidencia falencias en el proceso de selección y una pugna institucional que podría extenderse.
