Nacional
Tribunal Electoral niega impugnación de AMLO contra resultado de consulta de revocación
Entre reclamos de magistradas y magistrados por las malas prácticas y violaciones a la Constitución durante el proceso de revocación de mandato, el Tribunal Electoral federal (TEPJF) desechó la impugnación del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Partido del Trabajo (PT) y otros actores, contra el acuerdo del INE por el cual efectuó el cómputo total y realizó la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato de 10 de abril pasado.
La impugnación del Presidente se desechó porque las y los magistrados consideraron que el titular del Ejecutivo no acreditó interés jurídico para impugnar el acuerdo del INE.
Los recursos del PT y otros actores, como el priista Ulises Ruiz, se desecharon por improcedentes porque el ejercicio de consulta resultó inválido al no haber reunido el 40 por ciento de votos exigidos por la Constitución para hacerlo vinculante.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJF y ponente en los casos, se refirió a los cientos de recursos de impugnación presentados durante el proceso de revocación, por lo que la invalidez del proceso no significa impunidad ante las denuncias presentadas.
Recordó que aún hay más de 300 impugnaciones bajo estudio y la sentencia pide dar vista a las autoridades electorales administrativas, penales y jurisdiccionales (INE, FGR y el propio TEPJF) para su investigación y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes.
Rodríguez Mondragón y sus pares se refirieron también a la “integridad electoral” del proceso de revocación.
Con base en ello se refirieron a las malas prácticas y violaciones a la Constitución que se dieron en el proceso de revocación, ejercicio que, incluso, fue calificado por la magistrada Janine Otálora Malassis como un “acto fallido de democracia”.
El magistrado presidente se refirió a la tardía emisión de la Ley de Revocación, al recorte presupuestal que se hizo para la organización del proceso y el intento de modificación de los criterios de propaganda gubernamental.
El proyecto habla también de apoyos fraudulentos para el apoyo de la consulta de revocación como uso de recursos públicos, el acarreo de votantes el día de la consulta y la propaganda indebida.
“Desde la óptica e integridad electoral estas situaciones son un ejemplo de lo que se conoce como malas prácticas”, dijo.
Aseguró que para garantizar que el ejercicio de revocación de mandato sea libre, auténtico e íntegro, es indispensable que todos los involucrados se comprometan con la salvaguarda del Estado de Derecho.
“El comportamiento de todos los factores a lo largo del proceso tiene consecuencias en la calidad democrática de la revocación de mandato, pues genera una mayor o menor legitimidad del ejercicio y sus resultados”, refirió.
A la vez, el magistrado Felipe de la Mata consideró grave la marcada actitud de diversos actores políticos y personas servidoras públicas de no acatar las decisiones de la autoridad ni cumplir el marco normativo.
Dijo que, más grave resulta que en 15 casos el INE declaró el incumplimiento de las medidas impuestas ante “la actitud contumaz” de las personas servidoras públicas de hacer caso omiso a las sentencias.
“Advirtió que no se puede hacer Patria sin que primero se haga Justicia y para hacer justicia se necesita respetar las leyes más allá de su imperfección, más allá de que la sanción no conste expresamente en la norma”, indicó.
La magistrada Malassis expresó que en la consulta de revocación “se corrompió” al transformarla en una consulta de ratificación y señaló que en ella resurgieron “figuras fraudulentas del pasado” contra las cuales, se pensaba, la democracia mexicana estaba blindada.
“Las irregularidades, de acreditarse, serían la advertencia del debilitamiento de nuestras instituciones que ameritaría un enérgico llamado a todos los actores políticos a defender las conquistas por las que ha luchado la ciudadanía en busca de un país democrático respetuoso de la ley”.
La magistrada Mónica Soto se pronunció a favor del desechamiento de las impugnaciones, pero en contra del pronunciamiento de “integridad electoral”, pues dijo que éste refiere aspectos que aún están en litigio electoral.
En el mismo sentido se manifestó el magistrado José Luis Vargas quien, en principio, se pronunció contra el acta de la sesión, que sacó de la lista más de 20 impugnaciones y luego sobre el pronunciamiento de “integridad electoral”.
Tras reconocerse como enemigo del “activismo judicial”, Vargas Valdez calificó de apresurada la decisión de hacer un pronunciamiento de ese tipo y preguntó cuál es la urgencia de calificar la consulta cuando la Ley establece como límite, cuando se resuelvan todas las impugnaciones.
Criticó también el formato “progresista” de la sentencia, pues dijo que no es un boletín de prensa, sino un reflejo puro de lo que es el proceso judicial, pretensiones, pruebas y alegatos de la parte contraria.
“De lo contrario, con el pretexto de juzgar con una perspectiva moderna o progresista, podemos estar nosotros cayendo en excesos que se traducen en incongruencias que afectan el sistema de justicia”.
Mientras que los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante se dijeron, en términos generales, a favor de los proyectos sin hacer referencia expresa a la “integridad electoral”.
Con información de El Financiero
Nacional
En lo que va del año, 97 policías han sido asesinados en México y en todo el sexenio suman ya 2 mil 327
En lo que va del 2024, al menos 97 policías han sido asesinados en México, equivalente a un policía por día, reportó la organización Causa en Común.
De acuerdo con su “Registro de policías asesinados 2024“, siete de estos homicidios ocurrieron tan solo en los últimos días, del 19 al 26 de abril de 2024.
Con esta cifra, Causa en Común registró del 1 de diciembre de 2018 al 25 de abril de 2024 por lo menos 2 mil 327 asesinatos a miembros de la policía local, estatal y federal a lo largo de todo el territorio mexicano.
De los 97 policías asesinados en lo que va de 2024, el registro identificó que 57 eran agentes municipales, 37 estatales y tres federales.
Por tipo de policías municipales, la organización apuntó que siete eran oficiales de tránsito y el resto, 50, policías civiles.
En el caso de los estatales, 22 eran agentes de la policía y 15 eran agentes ministeriales de distintas fiscalías en México; mientras que los tres agentes federales estaban adscritos a la Guardia Nacional.
Además, los datos de la organización indicó que 60 de estos agentes de seguridad murieron en activo, mientras que 37 lo hicieron cuando se encontraban en descanso.
El registro señala que los estados con la mayor cantidad de policías asesinados son Guanajuato, con 25; Estado de México, con 12; y Chiapas, con nueve.
El reporte se enmarca en medio de cifras altas de homicidios dolosos en México. Según datos oficiales de incidencia delictiva, tan sólo el jueves 25 de abril se registraron 92 personas asesinadas en cifras preliminares, siendo los estados de Michoacán (11) y Tabasco (9) los que encabezaron la lista.
En los primeros cuatro días de la semana en curso, las autoridades mexicanas han informado de 343 personas asesinadas, un promedio de casi 85 por día.
Con información de EFE
Nacional
AMLO incumplió con promesa de acabar con asesinatos de periodistas en México: Reporteros Sin Fronteras
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy el “discurso hostil” hacia los medios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus seis años de mandato, en los que ha incumplido su promesa de terminar con los asesinatos de periodistas en su país (37), a casi un mes de los comicios del 2 de junio.
“El balance es desolador: más allá de la cifra aterradora de reporteros que han perdido la vida, no se ha llevado a cabo ninguna reforma del sistema de protección de los periodistas, a pesar de las recomendaciones sobre la materia”, denunció la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que tiene su sede en París, Francia.
Los 37 asesinados por ejercer como periodistas -muchas veces por investigar sobre los cárteles de la droga y sus ramificaciones políticas- se acercan en número a los ocurridos durante el mandato del antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto. Durante 2012 y 2018 se contabilizaron 38 muertes de informadores en ese periodo.
No obstante, los seis años de Felipe Calderón (2006-2012) fueron los más mortíferos (51) en los últimos 30 años. Los Estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas han sido los que han contabilizado más asesinatos desde 1995.
Desde hace años, México figura entre los países con más informares asesinados en el mundo.
“Con vistas a las elecciones generales del 2 de junio, RSF pide a los candidatos que se comprometan a adoptar por fin medidas concretas para proteger a los profesionales de los medios y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas”, indicó Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.
La ONG envió un mensaje para los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, representante de la oposición de derechas, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.
“Aunque los tres han hecho de la inseguridad y la corrupción sus temas centrales de campaña, a la fecha no se han pronunciado oficialmente sobre la trágica situación de los periodistas en México”, avisó.
Con información de EFE
Nacional
ASF pierde última oportunidad de reactivar acusación contra Rosario Robles por Estafa Maestra
Con la decisión dada ayer por el Tribunal Federal, puede darse por concluido el proceso en contra de Rosario Robles que la involucraba en el llamada Estafa Maestra.
La FGR nunca acusó a la exfuncionaria de algo más allá que de una falta administrativa.
El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México desechó el amparo solicitado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución absolutoria que hace unos meses se le concedió a Rosario Robles. Con dicho amparo, la ASF buscaba reactivar la acusación en contra de la exfuncionaria cuando se desviaban recursos por medio del esquema conocido como La Estafa Maestra cuando ella encabezaba secretarías federales, ejercicio indebido del servicio público.
Desde el año pasado Rosario Robles ya había superado el caso de la Estafa Maestra, ya que el juez consideró que a la exfuncionaria nomás se le estaba acusando de faltas administrativas y no de un delito en sí y la Fiscalía General de la República nunca se tomó la molestia de investigar a fondo a la exfuncionaria para ver si había tenido algún papel más relevante en el desvío millonario de recursos.
¿Qué tuvo que haber hecho la FGR para evitar que Rosario Robles quedara sin proceso? Parecería lo primero que se tuvo que hacer, pero, según Animal Político, la Fiscalía nunca revisó las cuentas de las empresas fantasma involucradas en la Estafa Maestra, ni a la cadena de mando que dio luz verde a la salida de todo el dinero. La acusación contra Rosario Robles fue administrativa y la FGR nomás se limitó a investigar dentro de esa línea.
De acuerdo con Proceso, la ASF ya no puede volver a impugnar el fallo que absuelve a Rosario Robles. Así que la resolución que cancela el proceso penal contra la exfuncionaria, quien estuvo tres años en prisión de manera preventiva, ya es inamovible.
“¡Se acabó la infamia!”, celebró Rosario Robles en redes sociales al conocer el fallo ratificador del Noveno Tribunal Colegiado “La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios”, agregó la exfuncionaria.
Con información de Sopitas
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